Taller de derechos

La sentencia 788/2015  de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 9 de diciembre de 2015 condena a Martín Barriuso  como autor  de un delito contra la salud pública a una pena de 1 año y 8 meses de prisión con la accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multa de 250.000 euros. La sentencia condena también a otros miembros de la Junta Directiva de la Asociación Pannagh de Usuarios de Cannabis (de la que Martín Barriuso es Presidente) que fue constituida el 22 de febrero de 2003 desarrollando una actividad de cultivo de cannabis para el consumo privado de los socios.

La sentencia es un mero calco de la que había dictado el propio Tribunal Supremo de 7 de septiembre de 2015 (Caso Ebbers, comentada aquí) y que supuso el principio del fin de la vía asociativa como medio para evitar el mercado negro de cannabis;  no pretendo hoy hacer un análisis técnico de la sentencia sino solo plasmar, en cinco pinceladas, algunas ideas que acerquen el tema al lector no especializado en estos asuntos.

1) ¿Quién es Martín Barriuso?

Es un destacado activista pro-legalización del cannabis,  ha sido presidente de la Federación de Asociaciones Cannabicas y  ha publicado decenas de artículos y presentado numerosas ponencias sobre esta materia. Es un firme defensor del modelo asociativo (los clubs de usuarios de cannabis)  como alternativa al mercado ilícito de cannabis.

2) ¿La actividad de Pannagh era un salto jurídico al vacío?

Rotundamente, no. Estaba respaldada, al menos en su concepción formal, por un dictamen suscrito en  2012 por José Luis Diez Ripollés y Juan Muñoz Sánchez, Catedráticos de Derecho Penal de la Universidad de Málaga; el dictamen está sólidamente fundamentado desde el punto de vista jurídico y sus conclusiones han sido acogidas por diversas sentencias de Audiencias Provinciales que han absuelto a responsables de otras asociaciones por hechos similares al que ha supuesto la condena de Pannagh. Editado 08/01/2016. Según me explica el propio Martín Barriuso, el dictamen de Diez Ripollés y Muñoz Sánchez (al que se refiere el párrafo anterior) fue elaborado con posterioridad a su detención e imputación. Ciertamente sus argumentaciones jurídicas se adaptan perfectamente a la actividad de Pannagh pero el verdadero respaldo de la misma se encuentra en los precedentes judiciales de otras actuaciones en las que estuvo implicada la misma asociación, concretamente las actividades de Pannagh habían sido consideradas penalmente irrelevantes por la Audiencia Provincial de Bizkaia en 2006 (Auto nº 218/06) y por la de Álava en 2012 (Auto nº 377/12), habiendo sido en ambos casos devuelta la marihuana incautada.

3) ¿Era la actividad de Pannagh un peligro para la salud pública?

Sí, según la sentencia del Tribunal Supremo. El bien jurídico -pretendidamente- protegido por el artículo 368 del Código Penal (el que sanciona el tráfico de drogas) es la salud pública y esta protección se articula como un mecanismo de defensa contra un peligro abstracto.  No es preciso que haya un resultado dañoso para cometer estos delitos basta con generar un riesgo de daño real para la salud de la sociedad. Evidentemente con estos mimbres es posible construir cualquier tipo de cesto y en ocasiones el Tribunal Supremo parece concebir estos delitos como delitos de mera desobediencia (algo que expresamente rechaza en su doctrina), solo así pueden explicarse afirmaciones como la recogida en la sentencia de 9 de diciembre de 2002  según la cual todo cultivo es delictivo incluso cuando lo cultivado no sea idóneo para difundir la sustancia cultivada a terceros, o casos como el de David Reboredo, que alcanzó notoriedad en prensa al ser condenado por un intercambio de  0,2 gramos de heroína con una pureza del 3 por ciento y con un valor en el mercado de 40 euros.

4) ¿Dónde están las víctimas de Martín Barriuso?

No las hay. Y no solo porque no haya menores de edad implicados ni porque ninguno de los usuarios (todos socios) se haya visto engañado por la calidad del producto; además de eso, y en general, ocurre que estamos ante delitos sin víctima. Faltando una víctima y bastando con la simple creación de un riesgo (sin daño) para cometer el delito, parece que lo que se está protegiendo con la legislación sobre drogas es, sencillamente,  un determinado imperativo moral, rechazándose así por vía penal el derecho a la discrepancia. Se trataría del triunfo del populismo moral: la (equivocada) creencia de que la democracia implica que la mayoría tiene el derecho de imponer su moralidad a toda la sociedad.

5) ¿Es Martín Barriuso un delincuente?

Sí, en sentido formal y al margen, claro está, de la (deseable) revisión del caso ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Quizá Martín Barriuso sea una de las últimas víctimas de la guerra contra la drogas. Dice Antonio Escohotado: «La guerra contra las drogas se terminó hace unos quince años. Eso se nota en la reducción del presupuesto de las diversas brigadas de estupefacientes de diferentes países. Se ha impuesto de forma más o menos explícita la política de reducción de daños en materia de drogas. La cruzada contra las brujas no se acabó con un decreto diciendo “nos hemos equivocado”, se acabó entre susurros. Y así es como se acabará la cruzada contra las drogas, entre susurros. Nunca se ha conseguido que una cruzada del tipo que fuere contra el librepensamiento, la homosexualidad, la brujería o las drogas terminase explícitamente»

Por ello nadie pedirá perdón nunca a Martin Barriuso, como tampoco se le ha pedido perdón nunca a los homosexuales, a los opositores políticos, o a los adúlteros. Y es que Martín Barriuso es un delincuente,  de la misma forma que lo fueron en otra época (o lo son en otros lugares) los adúlteros, los vendedores de alcohol, los opositores políticos o los homosexuales; como muchos podríamos serlo,  o quizá todos deberíamos serlo, en un ejercicio de autoestima, en algún momento o en algún lugar.